El Gobierno de Pedro Sánchez ha acelerado los trámites para aprobar antes de las elecciones del 29 de noviembre su esperado decreto sobre los centros de datos. El Ministerio para la Transición Ecológica ha remitido el texto definitivo al Consejo de Estado tras analizar más de 600 alegaciones y recibir el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Aunque el Ejecutivo ha introducido ciertas flexibilidades en materia energética, las grandes tecnológicas advierten de que los nuevos requisitos siguen siendo demasiado estrictos y amenazan inversiones millonarias en el sector.

Flexibilidad en renovables a cambio de desconexión eléctrica

La principal controversia del real decreto gira en torno al consumo de electricidad verde. El texto mantiene la exigencia general de cubrir al menos el 80% de la demanda de los centros con energía renovable acreditada hora a hora. No obstante, se ha introducido un régimen transitorio de hasta cinco años para aquellas instalaciones que entren en funcionamiento antes del 31 de diciembre de 2030:

  • Hasta finales de 2028: Se exigirá una cobertura del 60% durante las horas punta (P1).
  • A partir de enero de 2029: El porcentaje subirá al 70% en horas punta y se exigirá un 60% en el periodo llano (P2).
  • Fase final: Una vez concluida la transición, se aplicará plenamente la obligación general del 80% hora a hora.

A cambio de esta flexibilidad temporal, los operadores que se acojan a la medida deberán integrarse obligatoriamente en el Sistema de Reducción Automática de Potencia (SRAP). Esto significa que sus servidores podrían sufrir cortes de suministro e incluso una desconexión total por apertura de interruptores sin derecho a indemnización en caso de alertas de seguridad en la red. El sector rechaza esta condición debido a la necesidad crítica de mantener los servidores operativos las 24 horas del día.

Ampliación de plazos para contratos de energía limpia

En paralelo a las exigencias de desconexión, el Ejecutivo ha cedido parcialmente en las condiciones de contratación del suministro eléctrico. El proyecto amplía de 18 a 36 meses la antigüedad máxima de las instalaciones generadoras que pueden respaldar el consumo de los centros.

Además, se permite contratar electricidad de parques solares ya operativos que carecieran de contratos a largo plazo (PPA) previos, estableciendo un periodo mínimo de seis meses para los nuevos acuerdos. Esta modificación busca dar salida al exceso de oferta que experimentan algunos parques fotovoltaicos existentes, abriendo nuevas vías de suministro para los gigantes tecnológicos.

Competencia internacional y presión sobre la red eléctrica

La fiebre por instalar centros de datos en España ha provocado una presión masiva sobre las infraestructuras. Los operadores ya cuentan con unos 12.000 megavatios (MW) de permisos de acceso concedidos —la mitad en transporte y la mitad en distribución—, una cifra que triplica la demanda prevista por la Estrategia de Inteligencia Artificial para 2030. La CNMC también ha detectado decenas de miles de megavatios adicionales en solicitudes rechazadas o en tramitación.

Mientras el Gobierno defiende la necesidad de ordenar estas infraestructuras para proteger la capacidad eléctrica de otros sectores industriales, las grandes tecnológicas advierten de que la regulación resta competitividad a España frente a otros mercados vecinos como Portugal, que impulsa con fuerza el polo de Sines, o Francia e Irlanda. La incertidumbre ya ha empezado a influir en decisiones corporativas, como la suspensión temporal de planes para grandes campus propios en el territorio nacional, en un pulso definitivo que Moncloa quiere cerrar antes de la cita electoral de finales de noviembre.